Villacañas, de los pioneros municipios que recurren al Constitucional contra la desalmada reforma de las administraciones locales de Rajoy

El Pleno Extraordinario de anoche acordó mayoritariamente, con el apoyo del grupo socialista e IU, y la negativa del PP, actuar ante la amenaza que para los ayuntamientos y los servicios que se prestan a los vecinos supone la nueva ley aprobada por el Gobierno de Rajoy. De salir adelante, muchos de los servicios sociales que se prestan desde los Ayuntamientos quedarían cercenados de raíz, en manos de la Diputación. El texto gubernamental conculca principios éticos básicos a los que los que los Ayuntamientos están obligados a no dejar de atender independientemente de que sean o no rentables para las arcas municipales

Villacañas Digital | Villacañas 20/02/2014

El Ayuntamiento de Villacañas se convirtió ayer en uno de los primeros municipios de España en aprobar en Pleno el planteamiento ante el Tribunal Constitucional de un conflicto en defensa de la autonomía local, con el objetivo de que el alto tribunal paralice la reforma de los Ayuntamientos promovida por el Gobierno de Rajoy, en contra de todos los demás grupos parlamentarios.

Según explicó el alcalde, Santiago García Aranda, en su introducción, esta nueva ley atenta contra la autonomía local en tres ámbitos. El primero, el recorte de las competencias y servicios que prestan, sobre todo los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes. El segundo, el establecimiento de tutelas por parte de la Diputación Provincial o el Ministerio de Hacienda, que limitará el derecho de los vecinos y sus representantes en el Ayuntamiento decidir cómo se gestionan los servicios y qué recursos se emplean para financiar los déficits que, lógicamente, tienen servicios concretos, y puso como ejemplos la guardería, la radio municipal, las escuelas deportivas, el Centro de la Mujer o la escuela de música, entre otros. Y por último, el ámbito democrático, ya que la nueva ley permite que asuntos tan importantes como la aprobación de los presupuestos municipales, en el caso de que en el Pleno no haya mayoría para su aprobación, puedan ser aprobados por la Junta de Gobierno sin los votos ni la opinión de la oposición.

Los grupos socialista y de IU apoyaron la propuesta, mientras que el PP la votó en contra. Para su portavoz, Mª Victoria Amador, esta ley no atenta contra la autonomía local, sino que apela al principio de lealtad institucional, contempla el impacto financiero y garantiza la cooperación económica y las competencias delegadas, dibujando un “modelo territorial que actúa como palanca de apoyo del municipalismo para garantizar la prestación de los servicios”. Acusó a quienes apoyan la presentación de este conflicto de “confundir y alarmar a la sociedad”, asegurando que la ley asegura la cobertura de los servicios, y que las diputaciones se encargarán de “asistir” a los municipios “solo cuando sea necesario o no se cumpla la estabilidad presupuestaria”, argumentando que el texto legal posibilita convenios con la comunidad autónoma o el Estado en las competencias que no son propias de los Ayuntamientos.

La portavoz socialista, Ana Mendoza, incidió en su intervención en las consecuencias que la nueva ley puede tener para algunos servicios que se prestan en Villacañas, desde servicios sociales o ayuda a domicilio hasta la guardería, la escuela de música, los servicios deportivos, etc. lamentando que la ley se ceba sobre todo con los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que podrán perder servicios que pasarían a manos de la Diputación, “creando un foco de negocio mediante privatizaciones”, en servicios que “si por ellos se cobra lo que realmente cuestan, incluso si los presta una empresa privada, tendrían unas cuotas imposibles de asumir por la mayoría de nuestros vecinos”. Una situación que podría desembocar en el cierre y la desaparición de esos servicios. Y todo ello porque la ley no permite que el Ayuntamiento utilice otros recursos para mantener esos servicios abiertos, “aunque esto tenga que suponer que no se destine dinero a traer un concierto en la Feria”, ejemplificó. También lamentó que la nueva ley deposite en el presidente de la Diputación la decisión final sobre la prestación de esos servicios, un representante político que además no es un cargo de elección directa. Por último, abogó por presentar una alternativa a la reforma local del PP, que busque el consenso, que fije criterios claros de financiación local, y que prime los criterios sociales por encima de los económicos en la prestación de ciertos servicios.

El debate lo cerró el alcalde recordando que todos los grupos parlamentarios, miles de ayuntamientos, los mayores expertos en constitucionalismo, incluso el Consejo de Estado, “han dicho que esto es un atropello”, y preguntó al PP por qué todas esas competencias de las que van a despojar a los Ayuntamientos se deja para el 31 de diciembre de 2015, después de las municipales y autonómica de mayo de 2015 y las generales de noviembre de 2015. “¿Si esta ley es tan buena por qué no lo hacen ya?, concluyó.

¿Por qué luchar en contra de la reforma de las administraciones locales que pretende implantar el Gobierno de  Rajoy?

La pérdida de competencias de los municipios con la nueva ley de reforma local supondrá la dependencia casi absoluta de las políticas, decisiones y, sobre todo, presupuestos de las comunidades autónomas. La nueva regulación de la ordenación territorial en primer lugar marca que las competencias de las entidades locales deberán estar recogidas en una ley, ya no valen convenios ni acuerdos, y limita en atención social su papel al de evaluar e informar de situaciones de necesidad social y de casos de prioridad de atención inmediata por exclusión social, según el análisis de los cambios que realiza la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Podrán asumir las funciones que la autonomía les delegue, siempre y cuando se las financie al 100%.

La cercanía, resultado de unas competencias locales o provinciales mantenidas y potenciadas en el tiempo es lo que ahora la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local anula –entrará en vigor en junio de 2016 (se ha retrasado un año después de las elecciones)– y traslada las competencias a las comunidades, en Servicios Sociales, la adecuación a la nueva normativa se antoja que derive en una ruina absoluta para los intereses de los ciudadanos.

Audio: Santiago García Aranda, alcalde de Villacañas, Pleno Municipal
Según explicó el alcalde, Santiago García Aranda, en su introducción, esta nueva ley atenta contra la autonomía local en tres ámbitos. El primero, el recorte de las competencias y servicios que prestan, sobre todo los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes. El segundo, el establecimiento de tutelas por parte de la Diputación Provincial o el Ministerio de Hacienda, que limitará el derecho de los vecinos y sus representantes en el Ayuntamiento decidir cómo se gestionan los servicios y qué recursos se emplean para financiar los déficits que, lógicamente, tienen servicios concretos, y puso como ejemplos la guardería, la radio municipal, las escuelas deportivas, el Centro de la Mujer o la escuela de música, entre otros. Y por último, el ámbito democrático.
 
   AUDIO:    Santiago García Aranda-Alcalde Villacañas
Audio: Ana Mendoza, concejal de Hacienda y portavoz Grupo socialista
La portavoz socialista, Ana Mendoza, incidió en su intervención en las consecuencias que la nueva ley puede tener para algunos servicios que se prestan en Villacañas, desde servicios sociales o ayuda a domicilio hasta la guardería, la escuela de música, los servicios deportivos, etc. lamentando que la ley se ceba sobre todo con los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que podrán perder servicios que pasarían a manos de la Diputación, “creando un foco de negocio mediante privatizaciones”, en servicios que “si por ellos se cobra lo que realmente cuestan, incluso si los presta una empresa privada, tendrían unas cuotas imposibles de asumir por la mayoría de nuestros vecinos”. Una situación que podría desembocar en el cierre y la desaparición de esos servicios
 
   AUDIO:    Ana Mendoza, portavoz PSOE-Villacañas